Ayer fue condenado un agresor por amenazar gravemente en el Centro de Servicios Sociales Arrabal del Sur, barriada del Guadalquivir, a una trabajadora social que lo atendía. La condena ha sido 180 días de multa a cinco euros diarios, el alejamiento de esta trabajadora al menos de 200 metros y el pago de las costas del juicio. Es la cuarta trabajadora que denuncia por agresiones graves y amenazas en dicho centro. En los tres juicios celebrados hasta la fecha en todos se ha conseguido sentencia
condenatoria.
Al respecto tenemos que decir, que son las propias trabajadoras sociales, las que han tenido que denunciar directamente y ser asistidas por el abogado de C.T.A., que el Ayuntamiento en este particular no ha puesto ningún medio jurídico para la defensa de sus funcionarios agredidos, tan sólo en unos de los casos se personó como acusación. En esta última ocasión el Director General de Servicios Sociales ha interpuesto una denuncia por desórdenes públicos en un edificio municipal.
Que desde Recursos Humanos del Ayuntamiento no se ha adoptado ninguna medida conocida, ni siquiera que sepamos, se ha interesado por las trabajadoras agredidas. Y que políticamente nadie se ha pronunciado, salvo Rafael del Castillo, cuando estaba al frente de la Delegación de Servicios Sociales.
Las trabajadoras sociales son profesionales con vocación, que desde sus conocimientos intentan ayudar a los sectores de población más necesitados, en temas de exclusión social, con medidas coyunturales, de emergencia y en algunos casos con medidas de carácter estructural, ayudan a las personas y a las familias. Pero los medios de los que disponen por parte de las administraciones, en concreto del Ayuntamiento son muy limitados, por lo tanto, ellas no pueden resolverlo todo, pero, si son la cara visible ante los usuarios de la aceptación o denegación de esas ayudas que ofrece la administración. Hay que dejar un mensaje claro, las trabajadoras sociales no van a conceder recursos porque existan de por medio amenazas o agresiones.
Al Ayuntamiento, le exigimos que tenga un protocolo de actuación, pero es muy importante que ofrezca seguridad a sus trabajadores, no puede ser que las trabajadoras sociales vayan con miedo a su trabajo y además de ello, ese miedo las acompañen fuera de las dependencias de su trabajo. Por lo tanto exigimos protección policial al menos en el centro. La propia Alcaldesa y el propio Primer Tte. de Alcalde llevan escoltas, es decir, tienen protección policial de forma permanente, sin embargo, estas trabajadoras que están actuando sobre el terreno, en un medio muy hostil no tienen protección policial. Las medidas que se pueden tomar son muchas, la instalación de cámaras, los botones antipánico, la presencia policial, y sobre todo una labor educativa, donde institucionalmente, ya se tenía que haber hecho ver la presencia en el centro de las primeras autoridades municipales, mandando el mensaje a la población usuaria agresiva de que no va a ver ningún tipo de tolerancia contra las agresiones a las trabajadoras. Y por último actuar ante los juzgados como Ayuntamiento, personarse como acusación particular, en las causas que se den, por supuesto mostrando el apoyo a la denuncias por la parte política. Animando a las trabajadoras a denunciar, porque en muchos casos no lo hacen por miedo.
C.T.A advierte que la cuestión no es ninguna broma, ni es un tema de instrumentalización política, es un tema de seguridad muy grave, donde le pedimos a la Sra. Alcaldesa soluciones urgentes, una vez oídas las propias trabajadoras, las organizaciones sindicales y la dirección de Servicios Sociales. De lo contrario evidentemente, tendremos que tomar medidas de movilización, para concienciar a la sociedad de que las trabajadoras de los Servicios Sociales ni las de la Ayuda a Domicilio van a permitir ser agredidas.
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