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| Concentración de las trabajadoras asistentes para la dependencia, frente al Ayuntamiento. |
¿Y si la solución al problema con la ayuda a domicilio pasa
por que sean los ayuntamientos los que asuman la competencia, en lugar de la
Junta de Andalucía? Este jueves, el presidente de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIRef), José Luis Escrivá, ha comparecido en el
Congreso de los Diputados, ante la Comisión Territorial, donde ha lanzado un
mensaje que puede dar la vuelta a algunas de las crisis de prestación de
servicios de la actualidad.
Escrivá ha propuesto que los ayuntamientos, que han logrado
importantes superávits durante los últimos años, asuman cada vez más
competencias, cedidas a su vez por las comunidades autónomas, que no logran
equilibrar sus cuentas del todo. Entre otros asuntos, ha citado los servicios
sociales y el caso concreto de la ayuda a domicilio. Actualmente, la ayuda a
domicilio es una competencia de la Junta de Andalucía que delega en el
Ayuntamiento. La Junta gestiona el dinero, que a su vez entrega al Ayuntamiento
para que éste contrate a una empresa que preste el servicio.
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| El presidente de Airef, en su comparecencia ante el Congreso. |
Los informes técnicos del Ayuntamiento rechazan la
municipalización al tratarse de una competencia que presta la Junta. Eso sí, en
caso de que ésta sea cedida al Consistorio muchos de estos informes cambiarían
de parecer. Además, el Ayuntamiento se vería con las manos libres y la
Tesorería más desahogada, pues ya no tendría que esperar a las transferencias
de dinero por parte de la Junta, que siempre llegan tarde.
El presidente de la Airef ha comparecido ante la Comisión
Territorial del Congreso que estudia el resultado de 40 años de Estado
autonómico y ha abordado esta cuestión. Ha apostado afrontar “de forma
integral” la financiación territorial, incluidas comunidades y entidades
locales, y empezar por reflexionar sobre cómo se gasta el dinero antes de
entrar en cómo se ingresa.
“No hay una estimación del coste efectivo de los servicios,
de la cartera fundamental. Las necesidades de financiación de las comunidades
no se estiman desde hace 20 años y para los ayuntamientos se utilizan
estimaciones de los años 80 sin actualizar”, ha dicho.
Escrivá ha añadido que, por esta razón, no se conocen las
necesidades reales en educación, sanidad y servicios sociales de cada autonomía
y ha propuesto dedicar los años necesarios para hacer bien estos cálculos antes
de modificar el sistema de financiación. “Antes de la discusión política tiene
que haber una evaluación mucho más profunda de los servicios, hay que dar estabilidad
a la provisión de estos servicios”, ha insistido.
De esta manera, ha continuado, se aseguraría la primera pata
de la reforma del sistema: asegurar la financiación de los servicios públicos
fundamentales en todas las autonomías para garantizar un acceso a ellos similar
en todas partes y sostenible.
A continuación, se debería definir un espacio para que las
autonomías pudieran financiar y prestar otro tipo de servicios adicionales, en
los que se podrían diferenciar unas de otras. La tercera pata del sistema la
pondría el Parlamento, que a su juicio debe ser el encargado de asegurar el
reequilibrio entre administraciones mediante la asignación de fondos
adicionales.
Escrivá ha descrito cómo debería abordarse el proceso y ha
lamentado que el debate arranque en los ingresos que tiene cada cual, cuando
“la tendencia internacional es la gestión centralizada, porque es más
eficiente”.
Deudas con las que
no se va a acabar
El presidente de la AIReF también ha abordado el asunto de
la deuda autonómica. Ha repasado las grandes cifras de las comunidades y ha
explicado que hay algunas, como la Valenciana, que acumulan gran cantidad de
deuda y no hay perspectivas de que puedan terminar con ella. Este asunto
también se debe afrontar al reformar la financiación y tomar medidas, porque
son autonomías que no tiene visos de poder volver a los mercados.
Escrivá ha admitido que es muy difícil distinguir qué parte
de esa deuda es culpa de una mala financiación y qué parte se debe a una mala
gestión. En cualquier caso, ha recomendado empezar a “hacer pedagogía” sobre
medidas como la quita de deuda porque en su opinión van a ser inevitables. “Hay
que abordarlo, no se pueden dejar las cosas pudrir”, ha advertido.
Ha reconocido que es un asunto “muy difícil de comunicar en
comunidades muy disciplinadas” por lo que ha aconsejado abordar la cuestión en
su conjunto: plantear medidas para las deudoras, incentivos para las que “lo
han hecho bien” y merecen un reconocimiento y, a la vez, reforzar las reglas
fiscales en la Ley de Estabilidad, que necesita cambios.
Debilidad del
Estado para sancionar
En concreto, José Luis Escrivá ha apostado por que los
objetivos de estabilidad sean a más largo plazo, no anuales como hasta ahora, y
que dejen de ser repetitivos.
Sin señalar en ningún momento culpables, Escrivá ha añadido
que la aplicación de estas reglas no ha sido “muy efectiva”: han faltado
criterios técnicos, transparencia, ha habido “discrecionalidad” en su
aplicación entre administraciones y cambios “a mitad de partido” que no se han
explicado. Todo ello ha hecho que quien tiene que aplicar las sanciones haya
perdido “autoridad moral” para hacerlo.
“Se debilita la capacidad del Estado para hacer cumplir las
reglas, no hay sensación de pertenencia a un marco del que todos se sientan
propietarios, eso genera desafección y lleva al incumplimiento. Es un
problema”, ha censurado.
Al hilo, José Luis Escrivá ha defendido que se refuercen los
órganos de trabajo multilaterales y que el Estado y las comunidades cooperen
juntos y tomen decisiones juntos, dejando de lado la bilateralidad que, a su
juicio, se mantiene y ya no tiene sentido: terminado el proceso fundamental de
reparto de competencias, se debe trabajar en común.
Ha puesto como ejemplo el Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF), el órgano por excelencia de relación entre el Estado y las
autonomías en asuntos económicos en el que ha dicho que “no hay reflexión de
ningún tipo por parte de nadie”. Su funcionamiento no ha variado desde que se
creó en 1981, ha apuntado, y es “ampliamente mejorable” porque “propicia la
desconfianza” entre unos y otros.
Escrivá ha censurado que el CPFF mantiene un sistema de
votación que propicia los bloques y que “no es homologable internacionalmente”,
y que tampoco propicia los debates de unos sobre otros, como debería ser, sino
que el silencio, en un ‘hoy por tí, mañana por mí’.
“Cuando una comunidad no lo ha hecho bien, tiene que haber
una reflexión de todos porque el comportamiento de uno impacta en todos y
tenemos todos que implicarnos en solucionar el problema”, ha subrayado.
Fuente del enlace/Cordópolis
Fuente del enlace/Cordópolis
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